El gobierno de Israel rechazó este lunes que “no reconoce la legitimidad” del debate en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), después de que el representante palestino ante la ONU, solicitó al alto tribunal que declare “ilegal” la ocupación israelí, que se mantiene desde 1967 sobre los territorios palestinos.
“Israel no reconoce la legitimidad del debate en la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la ‘legalidad de la ocupación’, una medida diseñada para dañar el derecho de Israel a defenderse contra amenazas existenciales”, indica un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
“La discusión en La Haya es parte del intento palestino de dictar los resultados del acuerdo político (para establecer un Estado palestino) sin negociaciones. Seguiremos luchando contra este intento”, añade.
El representante permanente palestino ante la ONU, Riyad Mansour, urgió este lunes a la CIJ a “que confirme que la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados es ilegal”.
“Repito, es ilegal. Que la presencia de sus fuerzas de ocupación y sus colonos es ilegal. Y que su ocupación debe llegar a un fin inmediato, total e incondicional”, añadió.-
Mansour intervino en la audiencia de este lunes ante el tribunal, que estudia esta semana las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en territorios palestinos, para emitir una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2022.
ACUSACIÓN
La cancillería de Israel también emitió un comunicado que calificó las declaraciones de Mansour como “acusaciones falsas” que buscan “crear una realidad fundamentalmente distorsionada”, y alegó que su solicitud de una retirada de las tropas y colonos israelíes de Cisjordania, “sin condiciones y sin negociaciones, equivale a otra masacre de ciudadanos israelíes”.
“El intento de los dirigentes palestinos de transformar el sistema internacional en una herramienta política para atacar a Israel daña tanto la confianza global en el sistema jurídico internacional como las posibilidades de alcanzar una resolución del conflicto”, agregó.
Israel entró en guerra con Hamás -que controla de facto la Franja de Gaza- luego de que el grupo terrorista perpetró un ataque el 7 de octubre que dejó 1.200 muertos y 250 heridos.
Desde entonces, el Ejército israelí ha respondido con una potente ofensiva que ha dejado más de 29.000 muertos, la mayoría mujeres y niños, y casi dos millones de desplazados que sobreviven en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.
Esta situación, combinada con la ola de violencia en Cisjordania ocupada, cada vez mayor, ha vuelto a poner la causa palestina entre las prioridades de la agenda internacional, que busca una resolución a largo plazo del conflicto.
ARMAS
Además de la ONU, numerosos países, incluyendo a Estados Unidos -principal socio y proveedor de armas de Israel- presionan al Estado judío para que acceda a un cese el fuego con Hamás que permita la liberación de los rehenes, un alivio a la situación de los gazatíes, y que acceda a la creación de un Estado palestino como base de un acuerdo de paz a largo plazo.
El Gobierno israelí emitió ayer un comunicado en el que asegura que no cederá a “los dictados internacionales”.
La cancillería israelí estimó este lunes que la CIJ “debería determinar que los palestinos deben regresar a los marcos legales existentes para resolver el conflicto mediante negociaciones directas”.
Pero el Gobierno israelí, el más derechista de la historia, no solo no aboga por un acuerdo de paz que incluya un Estado palestino, sino que promueve una política de expansión colonialista.
Israel tomó el control de Cisjordania en la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces mantiene un régimen de ocupación militar y colonización sobre el territorio.
